Córdoba avanza con una ley para intervenir búnkeres narco y aguantaderos utilizados por organizaciones delictivas
La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial y presentada por el gobernador Martín Llaryora, busca crear un régimen específico para intervenir inmuebles vinculados al narcotráfico y otros delitos. El proyecto también prevé la creación de un registro provincial, nuevas herramientas de actuación y una mayor articulación entre la Provincia, la Justicia y los municipios.
La Provincia de Córdoba dio un nuevo paso en materia de seguridad con la presentación del proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantadero, una iniciativa que este miércoles será tratada por la Legislatura provincial y que propone dotar al Estado de herramientas específicas para intervenir inmuebles utilizados para la venta de drogas, actividades delictivas o que, por su estado de abandono, faciliten la comisión de delitos.
El anuncio fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora en la sala Sonia Torres del Centro Cívico del Bicentenario, acompañado por el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el legislador Facundo Torres, entre otras autoridades.
Durante la presentación, el mandatario sostuvo que la propuesta constituye “una herramienta central” para profundizar la lucha contra el narcotráfico y remarcó que Córdoba mantiene una política firme frente a este tipo de delitos. En ese sentido, expresó su expectativa de que la norma obtenga un amplio consenso legislativo, al considerar que incorpora nuevas respuestas frente a modalidades delictivas que afectan la seguridad de los barrios.
La iniciativa establece un régimen administrativo y judicial específico para actuar sobre inmuebles identificados como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, además de edificios abandonados o deteriorados que favorezcan hechos delictivos y generen situaciones de riesgo para la convivencia.
Entre las herramientas previstas se incluyen inspecciones, informes técnicos y resoluciones que permitan adoptar medidas preventivas como clausuras provisorias, tapiados, cerramientos, bloqueos de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando las competencias judiciales y las garantías del debido proceso.
Según explicó Llaryora, el objetivo es impedir que estos espacios vuelvan a ser utilizados para actividades ilícitas. El gobernador sostuvo que la tranquilidad de un barrio no depende únicamente de la detención de los responsables, sino también de recuperar aquellos lugares que funcionan como soporte material para el delito.
Por su parte, el ministro Julián López explicó que el proyecto surgió a partir del trabajo conjunto con fiscales y fuerzas de seguridad que detectaron una problemática común en numerosos procedimientos: inmuebles y vehículos abandonados o deteriorados que terminaban siendo utilizados por organizaciones criminales vinculadas tanto al narcotráfico como a otros delitos.
En ese marco, indicó que el gobernador solicitó avanzar en una legislación sólida y ágil que permita a las fuerzas de seguridad actuar con mayor rapidez frente a este tipo de situaciones. Asimismo, precisó que cuando las investigaciones estén vinculadas al narcotráfico u otros delitos complejos, será la Justicia la encargada de disponer medidas como desalojos, demoliciones o la restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios.
Otro de los ejes de la propuesta es la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que tendrán la función de coordinar el trabajo entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y los gobiernos locales.
A su turno, el ministro Juan Pablo Quinteros destacó que la iniciativa representa una decisión política orientada a fortalecer la articulación entre los distintos poderes del Estado. Según señaló, ninguna política de seguridad puede resultar efectiva si el Poder Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura no trabajan de manera coordinada frente al crimen organizado y al narcotráfico.
La normativa también regula el destino de los recursos obtenidos a partir de bienes decomisados en causas vinculadas al narcotráfico. El proyecto establece que el 60% será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% restante financiará programas de prevención y abordaje integral de los consumos problemáticos que desarrolla el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Además, la iniciativa invita a municipios y comunas de toda la provincia a adherir al régimen mediante convenios de cooperación, con el objetivo de facilitar la recuperación de inmuebles utilizados por organizaciones criminales y fortalecer las políticas de seguridad en cada localidad.
Durante el acto, Llaryora también repasó otras medidas implementadas por la Provincia en los últimos años, entre ellas la creación de fiscalías antinarcotráfico en el interior, la territorialización de la política criminal, la incorporación de nuevas tecnologías, el programa Cordobeses en Alerta, la utilización de armas de baja letalidad y la implementación de narcotest para funcionarios públicos. Para el gobernador, todas estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente al delito.
