Gabriela Bruno “Lo que realmente sucedió fue una ampliación masiva de derechos en el sector de la discapacidad.”
La militante por los derechos de las personas con discapacidad analizó en la radio los audios de corrupción en ANDIS. Desmintió al Ministro Caputo y alertó sobre un relato que estigmatiza para justificar el ajuste.
No te pierdas la entrevista completa con Gabriela Bruno en el programa La Maraña. Escuchá el audio de esta nota.
En una nueva emisión de La Maraña, charlamos con Gabriela Bruno, militante por los derechos de las personas con discapacidad. La conversación se centró en la grave denuncia de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la filtración de audios donde su titular, Fernando Spagnuolo, alertaba al presidente Javier Milei sobre un presunto esquema de coimas del que participaría su hermana, Karina Milei, y Lorenzo “Lule” Menem.
Bruno contextualizó el escándalo dentro de lo que define como una “destrucción sistemática del sector” por parte del Gobierno Nacional, que incluye la quita de pensiones, la falta de entrega de medicamentos y la desactualización salarial de lxs trabajadorxs. “Mientras alegan la necesidad de bajar el gasto público, se descubrió que solo Karina Milei recibiría 80.000 dólares mensuales de un laboratorio”, señaló, refiriéndose a los sobreprecios en contratos donde, según las investigaciones periodísticas, se asignaban porcentajes fijos en coimas.
La activista apuntó contra lo que calificó como un “discurso capacitista” impulsado desde el oficialismo, que busca estigmatizar a las personas con discapacidad para justificar el ajuste. Como ejemplo, desmintió categóricamente al Ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que el aumento de certificados de discapacidad (de 97.000 en 1997 a 1.100.000 actuales) se debe a “situaciones inventadas”.
“Lo que realmente sucedió fue una ampliación masiva de derechos”, explicó Bruno. Fundamentó que el crecimiento se debe a la creación de centros de evaluación y certificación en todo el país, lo que permitió el acceso a un derecho antes restringido geográfica y administrativamente. Un estudio del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) avala que la expansión de la certificación está directamente ligada a políticas de inclusión y no a un fraude.
